Al final las temidas nacionalizaciones venezolanas que tanta indignación habían levantado han consistido en sencillas operaciones de compraventa menos conflictivas que muchas de las opas (ofertas públicas de adquisiciones) de las empresas privadas y sin nada que ver con las alarmistas apropiaciones comunistas que se anunciaban.
Así, el estado venezolano ha comprado el 28’51 % de las acciones de la empresa de telefonía dominante Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) a Versión Communications, el accionista mayoritario. Se negoció con la empresa un precio por acción de 17’85 dólares, se pagó un total de 572.247.040 dólares y se acabó.
Con la electricidad, algo parecido. Se llegó a un acuerdo y se compró a la estadounidense AES su parte en la empresa Electricidad De Caracas (EDC) por 723 millones de dólares. El comprador fue la estatal Petróleos de Venezuela, quien pasará a ser la propietaria de la empresa que genera y distribuye la electricidad en casi toda Caracas, un millón de clientes que consumen el 15 % de la electricidad producida en Venezuela.
Para que no hubiese ninguna irregularidad, el organismo regulador de la actividad bursátil en Venezuela suspendió durante 24 horas la cotización de las acciones.
Ambas operaciones han sido meros procedimientos habituales de los que todos los días se realizan en el mercado. No se ha atropellado ningún derecho, no se ha incautado ninguna propiedad. Recordemos el escándalo que generó el anuncio de nacionalización entre los grandes medios y analistas de derechas. Finalmente, lo único que ha sucedido es que un Estado ha pagado de sus recursos públicos el dinero necesario a los propietarios privados para lograr que ahora esos recursos estratégicos –telefonía y electricidad- pasen a ser de todos los ciudadanos, se orienten hacia el servicio público y sus ganancias sean para el estado y no para accionistas extranjeros. Otro delito de Hugo Chávez, otra prueba de la dictadura que asola Venezuela, otro ejemplo de amenaza a la estabilidad de la región.
