Página personal del Periodista Y Escritor Pascual Serrano

Nuevas críticas al gobierno español por vender armas a países que violan los derechos humanos

Un informe elaborado por la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona, a instancias de Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras, organizaciones promotoras de la campaña "Adiós a las armas", revela una importante venta de munición española a países como Guinea Ecuatorial y Turquía.

Según la Cátedra, España vendió más de 11.500 proyectiles a Guinea Ecuatorial por un importe superior los 182 millones de pesetas a lo largo del año 2000. Esta cifra surge de la suma del capítulo 93 ("Armas y municiones") del Registro de Aduanas que elabora la Agencia Tributaria. Las características de esta venta supone una importante falta de escrúpulos por las autoridades españolas ya que, en opinión de todas las ONG, Guinea Ecuatorial no cumple con los requisitos del Código de Conducta sobre transferencias de armamento aprobado por el Consejo de la Unión Europea.

El hecho de que el importe de los productos exportados superen las 15.000 pesetas por unidad, evidencia que no se trata de munición común o cartuchería de caza, sino de proyectiles pesados destinados a las fuerzas militares, que son recurrentemente condenadas por su contribución al deterioro de los derechos humanos y de la situación humanitaria de la población civil en la ex colonia española.

Desde hace años, el gobierno de Guinea Ecuatorial es denunciado por la sistemática aplicación del terror y el hostigamiento a los opositores políticos, la persistencia de la tortura y los malos tratos, las detenciones arbitrarias, los juicios injustos, y por graves restricciones a la libertad de información y expresión. Esta situación ha sido condenada reiteradamente por organismos como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (abril de 2000) o por organizaciones cívicas como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, quien tuvo que abandonar el país en enero de 2000 debido a las trabas impuestas por las autoridades locales para la realización de sus labores humanitarias. Guinea Ecuatorial, además, no ha suscrito acuerdos tan básicos como la Convención contra la Tortura o el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Este contrato, curiosamente, coincide en el tiempo con la reanudación de la cooperación entre España y Guinea Ecuatorial después de seis años de suspensión. Dicho acuerdo fue suscrito a finales del año 1999 y fue duramente criticado por el secretismo mantenido en las negociaciones, así como por no incluir ninguna "cláusula democrática", tal y como dispone la Unión Europea para todos los tratados bilaterales.

En opinión de los portavoces de las ONG, "resulta impensable que España pueda fortalecer las relaciones con un régimen que desprecia absolutamente las necesidades de su población y viola sistemáticamente sus derechos". La preocupación también se extiende a la cooperación suscrita en materia de formación de agentes de las fuerzas de seguridad con este país, ya que conlleva una seria responsabilidad por parte de la institución cooperante.

Guinea Ecuatorial no recibía munición española desde 1992, cuando se efectuó una venta que apenas superaba las 400.000 pesetas. Últimamente España se está especializando en la venta de munición al continente africano y eso tiene un impacto inmediato en la perpetuación de los conflictos armados.

El pasado 5 de abril, el Secretario de Estado de Comercio compareció ante la Comisión de Defensa para la presentación del informe gubernamental sobre las exportaciones de material de defensa en 1999. Según Vicenç Fisas, titular de la Cátedra UNESCO y coordinador de la campaña, "el hecho de que nosotros estemos mostrando datos del año 2000, cuando el Gobierno aún no ha presentado al Parlamento los de 1999 es injustificable. El retraso con que el Gobierno informa de sus ventas de armas elimina cualquier posibilidad de acción preventiva".

La Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona también ha criticado la venta de armas a Turquía. Según los últimos datos facilitados por el Ejecutivo, referentes al primer semestre del año 2000, las ventas en material de defensa reconocidas alcanzaron 1781 millones de pesetas. Por el contrario, diversos países de la Unión Europea han decidido congelar algunos contratos para la exportación de material de defensa a Turquía.

Turquía es un país que también incumple de una manera evidente con los principios del Código de Conducta de la Unión Europea. Estos principios aconsejan la prohibición de la venta de armas a países que estén sancionados, inmersos en un conflicto armado, muy militarizados, que practiquen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que exista el riesgo de que el armamento se desvíe en condiciones no deseadas, que no condenen el terrorismo o por el nivel de bienestar del país receptor.

Turquía está inmerso en un conflicto armado con el pueblo kurdo desde 1984, en el que las Fuerzas de Seguridad han practicado graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, según Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Su gasto militar supone un 5’5% del PIB, siendo superior al gasto en sanidad y en educación juntos, y se prevé un nuevo incremento para el próximo año a pesar de la crisis financiera que azota al país. Desde el pasado mes de febrero hasta mediados de abril, se ha producido una devaluación del 47% de la lira turca frente al dólar, por lo que Turquía ha tenido que pedir nuevos créditos al FMI debido a que su economía necesita más recursos para paliar los efectos de esta crisis. En este contexto, España mantiene intercambios económicos muy favorables con Turquía, y en concreto en temas de ventas de armas.

La campaña "Adiós a las armas", con una base social superior a 1,5 millones de socios en España, lleva más de un año negociando en el Congreso de los Diputados la aprobación de un compromiso político para establecer mayores niveles de transparencia y control en las transferencias de armamento. Aunque todos los grupos parlamentarios de la oposición ya han expresado su apoyo, a día de hoy aún no se ha recibido respuesta sobre la posición del Gobierno central en esta cuestión.

 

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