Llevamos ya varios años con el asunto de las fake news y los bulos como tema de actualidad. En los medios, en Internet, en las redes. Como ya he señalado en alguna ocasión, las nuevas tecnologías no han servido para democratizar la información, es decir, no han servido tanto para garantizar el derecho a informar y estar informado y así democratizar la información; como para lograr que cualquiera pueda formar parte del sistema de desinformación.
La gravedad del asunto depende de dos parámetros, el cuantitativo –cuántos bulos circulen y con qué impacto– y el cualitativo –sobre qué temas traten–. Según van pasando los años hemos ido observando que los dos parámetros no cesan de aumentar en cantidad y en relevancia de su asunto.
También en diversas ocasiones he llamado la atención sobre la ausencia de medidas legislativas que permitan actuar con contundencia sobre los bulos y las mentiras. Que se pueda mentir con impunidad en la prensa, en las televisiones, en los debates, en las tertulias, por parte de periodistas, analistas o políticos sin que eso conlleve ninguna responsabilidad legal. Que hayamos llegado al nivel de que, en un debate electoral, algunos medios desplieguen más periodistas para destapar los bulos de los candidatos que para informar de lo que dicen.
Y ha sido ahora, con la pandemia de Covid-19, cuando los vemos en toda su magnitud.
