El próximo 28 de mayo Perú se enfrenta a la segunda vuelta electoral que decidirá el nuevo presidente del país. Está segunda vuelta es contemplada por el sistema electoral peruano en los casos en que en la primera ningún candidato allá logrado el 50 % de los votos, tal y como ocurrió el pasado 9 de abril, cuando el actual presidente, Alberto Fujimori, recibió un 49’87 % de los sufragios frente al 40’24 conseguido por el principal opositor, Alejandro Toledo.
Tal y como recogieron los medios de comunicación de todo el mundo, el proceso electoral peruano ha estado sembrado de múltiples denuncias de fraude y corrupción que desembocaron en masivas manifestaciones populares violentamente reprimidas por el régimen de Fujimori. Sólo la presión internacional que apoyó las denuncias presentadas tanto por la oposición como por instituciones independientes que vigilaban las elecciones, ha logrado arrancar al gobierno la decisión de convocar está segunda vuelta. Sin ignorar la ayudita del gobierno norteamericano cuando afirmó: "Nos gustaría ver un segundo round".
Las irregularidades surgen ya de la propia existencia de la candidatura de Fujimori. Los opositores afirman que la sola postulación del actual presidente a un tercer mandato es inconstitucional. Recuerdan que, tras haber elegido en 1990, Fujmori dió un autogolpe de Estado en 1992 por el que reformó la Constitución para asegurarse la reelección, lo que logró en 1995. No le bastó, y aprovechando su mayoría en el Congreso, impuso el 23 de agosto de 1993 la ley 26657 de "interpretación auténtica" de la Constitución, según la cual está segunda reelección es la primera. Las firmas de un millón y medio de peruanos solicitando un referéndum para pronunciarse acerca de la reelección no sirvieron de nada, la mayoría oficialista en el Congreso impidió la aprobación del referéndum y la iniciativa se archivó.
Entre las denuncias presentadas en la primera vuelta existen algunas tan clamorosas como la existencia de 1.377.328 votos más (15 %) que votantes para las elecciones presidenciales y otros 1.234.483 votos más (14 %) que personas que ejercieron su derecho al voto en las elecciones para las listas al Congreso. Se trata de un exceso de votos reconocido por la propia institución oficial Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Todos los colectivos independientes que supervisaron las elecciones coinciden en que estos "votos fantasma" favorecieron a la candidatura de Fujimori, Perú 2000. Sin duda, la ONPE ha sido el organismo más cuestionado nacional e internacionalmente. El jefe de observadores de la OEA, Eduardo Stein calificó de "siniestro" el sistema de cómputo de este organismo y confirmó que el sistema no pasó la prueba de simulación realizada la víspera de las elecciones. También denunció que la ONPE había hecho caso omiso a una serie de recomendaciones de los técnicos de la misión de observadores. El diario peruano El Comercio afirmó que existían una serie de debilidades que permitían que los datos electorales fueran derivados desde las oficinas de la ONPE en provincias a un centro de cómputo fantasma donde "podrían ser alterados y luego enviados desde allí a la ONPE".
Asimismo, el diario El Comercio publicaba el 29 de febrero los testimonios de personas que reconocían haber trabajado para el gobierno en la copia sistemática de un millón de nombres y números de registro electoral y la falsificación de sus firmas o huellas digitales para la inscripción como partido del Movimiento Perú 2000 para luego integrarse en la Alianza Perú 2000 que postula a Fujimori. El periódico detallaba los métodos utilizados, las personas contratadas y la remuneración recibida. El impago prometido a alguno de los falsificadores fue lo que motivó que éstos hicieran pública la operación de fraude.
Por otro lado, la asociación Transparencia ha denunciado que en el padrón electoral actual figuran más de 650.000 personas que no deberían integrarlo: 345.000 fallecieron y 311.000 viven en el extranjero.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha informado que funcionarios gubernamentales recorren el país, sobretodo las áreas rurales, advirtiendo a la gente que el voto será controlable y condicionando la ayuda estatal al voto por Fujimori. A diario se denuncia el uso de funcionarios e infraestructura estatal para la campaña de la alianza oficialista.
La reacción de Fujimori a todas esas denuncias no fue más que la represión y la puesta en marcha de maniobras de todo tipo para silenciarlas. El Comercio, el diario que denunció la operación de las firmas falsas, está sufriendo una iniciativa judicial por parte de un grupo de accionistas minoritario afín al gobierno con el objetivo de hacerse con el control de la publicación. Se trata de una estrategia ya utilizada por Fujimori y el máximo responsable de sus servicios de inteligencia Vladimiro Montesinos, con todos los medios de comunicación que le son hostiles. Así Frecuencia Latina fue prácticamente expropiada a su dueño, Baruch Ivcher, en 1997, por mantener una línea editorial crítica con el gobierno y hoy es incondicional a Fujimori.
El director de El Comercio, Alejandro Miró Quesada, no duda en denunciar la "irregularidad constitucional y democrática que afecta al país". "Veo un total desmoronamiento de los criterios democráticos, La separación de poderes está totalmente pérdida. El presidente se siente con derecho a manejar el Poder Judicial, al Ministerio Público y no digamos al Congreso, que ya no es un contrapoder, como establece la Constitución. No hay contrapeso de poderes. A medida que se va bajando en los niveles de la burocracia y de los funcionarios de gobierno se confunden los concepto de esto es del Estado, esto es del gobierno y esto es del partido, como si todos fueran lo mismo. Y en definitiva se cree que todo es del partido y que sus militantes tienen derecho absoluto para manejar los organismos del Estado a su conveniencia y para sus fines electorales", afirma el director de El Comercio en una entrevista para la revista mexicana Proceso.
Las organizaciones que denunciaron el fraude en la primera vuelta también han sido objeto de las iras de Fujimori. El progubernamental Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha anunciado una posible sanción contra la Asociación Civil Transparencia, un organismo civil peruano de vigilancia electoral que cuenta con una gran credibilidad entre la opinión pública y las instituciones internacionales. Transparencia es acusada de "emitir pronunciamientos políticos a favor o en contra de agrupaciones políticas o candidatos". El Secretario de Relaciones Institucionales de Transparencia, Percy Medina, ha afirmado que los informes emitidos por su organización sólo dieron cuenta de hechos irregulares durante la campaña electoral y que de ninguna manera esos reportes tienen un trasfondo político.
Todo parece indicar que la oposición no lo va a tener fácil en la segunda vuelta del próximo 28 de mayo. Una misión de observadores electorales del Centro Carter y del Instituto Nacional Demócrata ha afirmado que el ambiente político previo a la segunda vuelta electoral sigue perturbado y formuló recomendaciones para tratar de superar la situación, según ha difundido la agencia de noticias The Associated Press. Según la misión, el ambiente político se ve perturbado por los mismos problemas que empañaron el período previo a la primera vuelta realizada el 9 de abril. El jefe de la misión, Patrick Merloe, leyó un informe mediante el cual se pide al gobierno del presidente Alberto Fujimori la devolución de equipos de emisoras de radio y televisión confiscados por el gobierno.
Algunos opositores han acusado a Fujimori y sus allegados de cometer irregularidades a fin de asegurarse un triunfo ante su rival Alejandro Toledo, del partido Perú Posible. Denuncian que Fujimori ha desatado una "guerra sucia" contra Toledo a través de los medios de comunicación oficialistas.
De acuerdo con el informe, "no se ha llegado a ningún acuerdo para proporcionar a ambos candidatos presidenciales un acceso equitativo y apreciable a los medios de comunicación y no hay medidas efectivas para prevenir la parcialidad de algunos medios de comunicación ni tampoco para acabar con la guerra sucia". El informe subraya que continúan las denuncias sobre uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y que a pesar de haber transcurrido tres meses, el Ministerio Público no emite ningún informe sobre la presunta falsificación masiva de firmas para la inscripción del Frente Perú 2000, una de las cuatro agrupaciones que respalda la postulación de Fujimori.
La misión plantea el diálogo entre Fujimori y Toledo, el cese de la guerra sucia, y que los medios de comunicación estatales y privados brinden una cobertura correcta, equitativa y balanceada de las dos agrupaciones en contienda. Merloe demandó el fin del uso de recursos estatales en favor de Fujimori y pidió al jefe del gabinete de Fujimori, Alberto Bustamante, sanción penal y administrativa para cualquier funcionario gubernamental que utilice su cargo para sacar ventaja electoral.
No parece que Fujimori vaya a aceptar el papel de los observadores internacionales en la segunda vuelta. La revista peruana Caretas ha revelado que la empresa española Indra, que ha realizado el recuento electoral en Venezuela, Argentina y España, ha renunciado a la oferta del gobierno de Perú para trabajar en este país durante la segunda vuelta al no tener garantizada la independencia y la ausencia de interferencias gubernamentales.
El otro gran interrogante es Alejandro Toledo. Aunque los medios no han dejado de destacar su origen humilde e indígena -que es verdad-, además de su espectacular despegue político (en las anteriores elecciones apenas alcanzó un 5 % de los votos), la verdad es que todo parece indicar que se trata de un tecnócrata hecho a medida del stablishment económico internacional. Con una brillante carrera en la prestigiosa universidad norteamericana de Stanford, su magisterio en la de Harvard y su paso por el Banco Mundial es sin duda la gran esperanza de Estados Unidos para sustituir a un dictador como Fujimori ya agotado y desautorizado internacionalmente. Otro detalle fue su reciente viaje a Washington a finales del mes de abril organizado nada más y nada menos que por las siguientes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Bookings, el Carnegie Endowment for International Peace, la Hohns Hopkins e Interamerican Dialogue. Con un inglés impecable, Toledo se dirigió a los numerosos embajadores latinoamericanos en la OEA que se encontraban en la sala. Tampoco parece que Alejandro Toledo le haga ascos a la política económica de Fujimori. Durante su gira de tres días en Washington y Nueva York enumeró cinco grandes logros de Fujimori: la lucha contra el terrorismo, la estabilización económica, la reinserción del Perú en la comunidad financiera mundial, la resolución del conflicto limítrofe con Ecuador y la complementación de un acuerdo con Chile derivado de una guerra del siglo pasado. No propuso cambio radical alguno en la conducción económica de Perú, sino una política reformista que permita subsanar los gravísimos retrasos sociales de su país, reorientando recursos hacia la salud, la educación y la nutrición. El orden de la economía y las finanzas públicas, señaló, no es un fin en sí mismo, sino un medio para que los hombres de carne y hueso disfruten de los bienes materiales y culturales necesarios para vivir dignamente y hacer frutecer las inmensas potencialidades del país. Esto sería imposible, precisó en clave claramente neoliberal, si se vuelve a las políticas de quebranto en las arcas públicas y a la ilusión de un Estado con recursos ilimitados, obligado a satisfacer demandas populares sin medida ni freno. Un discurso que no ha tenido dificultades para encontrar el apoyo incondicional de novelista Mario Vargas Llosa, expresado en su primera visita a Perú después de una ausencia de tres años. El escritor, que disputó la presidencia a Alberto Fujimori en 1990 y quien llegó procedente de Chile para presentar su nuevo libro, "La fiesta del Chivo", dijo que no tenía en encuentro programado con Toledo, pero que podría "brindarle alguna ayuda".
Todo parece indicar que la aportación de Toledo no pasaría de ser, en el mejor de los casos, la reconstrucción de un Estado de Derecho que incluya la rehabilitación de las instituciones jurídicas, sociales y politícas de Perú, corroídas por el monopolio del presidencialismo autoritario de Fujimori.
Pero no lo tendrá nada fácil el economista Alejandro Toledo aunque cuente con el respaldo de todos los demás partidos políticos y organizaciones sociales. Se enfrenta a un Estado que controla todos los nervios del poder: económicos, sociales, políticos, policiales, judiciales, legislativos, electorales y mediáticos. Toledo afirmó en Washington, que de nueve estaciones de televisión, ocho le han negado completamente el acceso. La excepción es un canal de emisión por cable de escasísima audiencia. Ni el candidato de la oposición ni su agrupación "Perú posible" ni sus asociadas cuentan con estructuras e implantación nacionales para combatir eficazmente el previsible fraude electoral.
