Los dos partidos que mientras gobernaron compitieron para ver cuál privatizaba más empresas públicas españolas, ahora se echan las culpas mutuamente de la posibilidad de que el 30 % de Repsol pase a manos rusas y se cree un grave problema de pérdida de soberanía energética en España.
Mariano Rajoy, desde Almería, apela a “razones de seguridad estratégica nacional”. José Blanco, vicesecretario general de los socialistas dice que “lo inmoral es arrojar Repsol al mercado privatizando la empresa, como hizo el Gobierno de Aznar”.
La privatización de Repsol la inició en 1989 el gobierno “socialista” de Felipe González y pasó en su totalidad a manos privadas en 1997 bajo el gobierno “popular” de Aznar. Si el actual gobierno socialista hubiera considerado inadecuada la total privatización -tal y como critican ahora- ha tenido cinco años para recomprar parte de las acciones, tal y como ha hecho el gobierno venezolano con su telefonía y sus eléctricas, granjeándose las críticas de políticos y medios españoles.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se limita a señalar que quieren que Repsol sea independiente y española, sin percibir que eso es incompatible. Si la totalidad de las acciones están en manos privadas será independiente hasta de España. Por otro lado, ¿por qué unos empresarios españoles van a estar interesados en los intereses de nuestro país? Basta ver lo poco que están dudando en vender a los rusos y lo bien que está reaccionando la Bolsa.
Paradójicamente, la situación en la que estamos es que ese 30 % casi acaba en manos en Grazprom, es decir, del estado ruso. No hubiera sido la primera vez que nuestros sectores estratégicos se liberalizaban y vendían en aras del libre mercado y acababan parcialmente en manos de otros estados, la liberalización de la telefonía permitió la entrada de la operadora wanadoo, en cuyo accionariado estaba el estado francés. Pero estemos tranquilos, para evitar que Repsol acabe controlada por el gobierno ruso están maniobrando para que sea de la mafia rusa, que es quien controla al potencial comprador, Lukoil, todos los medios han destacado el papel de los mafiosos Tariel Oniani y Zakahr Kalashov en el control de esa empresa. El último de ellos está preso en España y ha sido condenado al menos seis veces en Georgia y Rusia, la fiscalía suiza ya advirtió en marzo del pasado año que ese hombre “poseería una parte significativa” de Lukoil. Su vicepresidente, Dimitri Tarasov, también está reclamado por la justicia española.
No es el primer caso de connivencia entre PSOE y PP para dejar en manos de mafiosos empresas públicas españolas, ocurrió con Sintel, filial de Telefónica que Felipe González en sus últimos días de gobierno vendió a Mastec, propiedad de la familia del cubanoamericano Mas Canosa. José María Aznar terminó de formalizar la venta.
Por si alguien no lo había comprendido, las privatizaciones consisten en eso, en que lo que era de todos los españoles puede acabar, por ejemplo, en manos de unos mafiosos mientras los grandes partidos que lo vendieron todo ahora aparentan discutir y preocuparse. Mientras tanto, en esas “repúblicas bananeras y populistas” de América Latina, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, sus empresas energéticas cada vez están siendo más públicas. Por eso les llaman dictaduras y lo de aquí, cuando nuestras empresas estratégicas se las puede quedar la mafia rusa, se denomina democracia.
