El 6 de noviembre la Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA) tras su Asamblea Nacional en Sevilla (España) emitió una declaración en la que se mostraba contraria a una posible directiva europea sobre concentración y pluralismo de medios porque “podría derivar en regulaciones y restricciones de contenidos” (Público, 7-11-2009). El discurso es calcado del emitido por la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tras su reunión en Buenos Aires, en torno a estas mismas fechas. Allí expresaron su preocupación por “el acoso económico que implican algunas de las nuevas leyes aprobadas en el continente, con efectos restrictivos sobre la libertad de expresión” (El País, 9-11-2009).
Es obvio que nada tiene que ver una regulación pública preocupada por la concentración de medios en pocas empresas con una intervención del Estado en los contenidos. Ninguna ley está inmiscuyéndose en lo que una televisión o un periódico quiera difundir o publicar, pero estas organizaciones empresariales de medios de comunicación no cesan de presentar toda la legislación que no les gusta como ataque a la libertad de expresión.
Por otro lado, si ellos creen que la situación económica influye en el desarrollo de la libertad de expresión, estarían reconociendo que es el dinero y el mercado quien condiciona y limita un derecho fundamental y no los representantes democráticos.
