Finalmente el Ministerio de Defensa ha autorizado el envío a Arabia Saudí del cargamento de 400 bombas de precisión láser paralizado por Margarita Robles la pasada semana. El gobierno saudí amenazó con suspender a su vez la compra a España de cinco corbetas por valor de 1.813 millones de euros, de llevarse a cabo la suspensión de contrato anunciada por la ministra. Este contrato, según la empresa pública encargada de la construcción, Navantia, generaría cerca de 6.000 puestos de trabajos, entre directos e indirectos. El asunto ha provocado un interesante debate entre intereses y valores enfrentados. Por un lado, trabajadores que veían peligrar sus empleos y que se vieron apoyados por diferentes políticos, especialmente por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, quien afirmó: “el contrato (de Navantia con Arabia Suadí) me parece necesario. Significa trabajo y nosotros somos constructores de barcos, lo hemos hecho desde la época de los fenicios. En Arabia Saudí los derechos humanos no son respetados y estoy en contra de eso, pero mientras, ¿qué comemos? Hoy en día soy alcalde de esta ciudad y la responsabilidad es mirar por el interés de sus vecinos y la construcción de los barcos no va a acabar con la guerra en Yemen. Si no los hacemos nosotros, los harán otros”.
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