Durante mi estancia en Caracas me indignó un programa de una televisión privada que consistía en un concurso en el que el premio era poder recibir la asistencia sanitaria para una grave dolencia, en algunos casos mortal. No entendía la miseria de esa televisión que convertía el lógico derecho humano a la salud en el premio de un concurso.
Algo similar volví a sentir luego en España al contemplar a cinco mil personas acampadas durante una semana en la localidad de Fuenlabrada bajo el invernal frío madrileño para apuntarse a la lista de la compra de una vivienda por 120.000 o 168.000 euros, de la que no todavía no existía ni suelo adjudicado. Uno de los acampados se encaraba con los responsables municipales reclamando suelo para la construcción: «hay suelo de sobra y que los políticos sepan que los que estamos aquí tenemos una cita con las urnas dentro de tres años». No hay suelo de sobra, lo que hay de sobra son casas ya construidas y sin habitar, tres millones para ser exactos.
Igual que en Estados Unidos donde el ciudadano ha perdido la dignidad para exigir a sus poderes públicos una asistencia sanitaria adecuada, en España asistimos impasibles al hecho de que para acceder al derecho constitucional a una vivienda haya que humillarse acampando con la aspiración de que un constructor privado se digne a venderte una casa a un precio que supone quince años de sueldo. Nuestra sumisa mentalidad nos lleva a exigir que los ayuntamientos privaticen suelo público para hacer más casas sin plantear el debate de qué sociedad estamos creando en la que millones de edificios están vacíos mientras millones de personas no pueden acceder a un derecho constitucional. La ideología del mercado no permite otra interpretación que la de aceptar que algunos puedan ser propietarios de todas las viviendas que su poder adquisitivo les permita, y que no existe responsabilidad pública ni garantía social para atender a quienes no tengan ingresos para pagarse un alojamiento.
Si realmente se tratara de una limitación de recursos económicos de toda la comunidad, el problema de la vivienda se iría resolviendo a medida que se fuera disponiendo de los materiales necesarios, y según se lograran se construirían casas para habitar. Esa situación, dentro de su precariedad, es lógica y racional y permitiría llegar a la conclusión de que la necesidad de vivienda se afronta construyendo casas. Si medio millón de familias no tienen dónde vivir, cuando se construyan medio millón de casas se habrá resuelto. Pero, ¿cómo propone nuestro capitalismo resolver el problema de la vivienda si ya hay millones de casas de sobra y siguen sin techo quienes las necesitan?
Es inquietante el modo en el que estamos vaciando de derechos sociales nuestro sistema político. ¿Qué habrían hecho esas cinco mil personas acampadas —y otros muchos miles— si les hubiéramos dado a elegir entre el derecho constitucional a una vivienda o el derecho a votar en las próximas elecciones? Probablemente la gran mayoría hubiera elegido lo primero. Es un claro ejemplo del fraude que supone nuestro modelo político, que te da derecho a votar y luego te deja sin techo.
El derecho al trabajo
Con motivo de una huelga general en España, pudimos escuchar al gobierno, a la derecha política, a los medios y a sus analistas, expresar su preocupación porque pudieran ejercer su derecho al trabajo quienes no desearan secundar la huelga. Efectivamente, el día de aquella huelga general, en España, cuatro millones de personas no pudieron ejercer su derecho al trabajo. Tampoco pudieron el día anterior, ni el siguiente. Eran los cuatro millones de parados a los que el sistema político y económico vigente en España no les permite ejercer su derecho al trabajo.
Sin embargo, ese derecho solo surge en el discurso de los gobiernos, la derecha y los medios los días en que se convoca una huelga. Ya no se vuelve a oír ni se vuelve a exigir en los días siguientes. El uso discursivo del derecho al trabajo es una de las muestras más hipócritas del capitalismo y sus portavoces. Quienes permiten que no se garantice un derecho a millones de personas por imperativo del mercado se desesperan cuando no se garantiza por imperativo de la lucha social. En Centroamérica, en la década de los ochenta, observé una situación similar con la violencia; la repercusión y la trascendencia internacional que tenían las muertes durante los conflictos armados entre los gobiernos neoliberales y la guerrilla desapareció cuando se firmó la paz a pesar de que las cifras de la violencia seguían siendo iguales o aumentaron debido a la delincuencia común y la pobreza.
Los defensores del capitalismo aceptan sin rechistar las muertes y los desempleos causados por su modelo económico, sin embargo no los soportan cuando van ligados a las luchas sociales. La conclusión está clara: en el fondo, incluso cuando aparentan preocuparse por la violación de los derechos, lo único que les molesta es que los ciudadanos se levanten para luchar por ellos.
¿A quién representan?
Los trabajadores de la planta industrial de Fiat en Turín celebraron un referéndum para decidir si aceptaban que la empresa aumentase la jornada laboral y disminuyera los tiempos de descanso. El consejero delegado de la Fiat les había advertido de que en caso de ganar el «No» se llevarían la producción fuera de Italia y la empresa podría cerrar y dejar a los más de cinco mil trabajadores en la calle. Ganó el «Sí» con el 54% de los votos. Casi en las mismas fechas, otra industria automovilística, Nissan, convocaba otro referéndum en España en el que proponía la congelación salarial y un aumento de tiempo efectivo de trabajo. Si los trabajadores no lo aceptaban la multinacional se llevaría la producción a Sudáfrica o a Marruecos. De nuevo ganó la propuesta que defendía la empresa. ¿Votaron en libertad todos estos trabajadores? ¿Eso es la democracia?
Traslademos nuestras incertidumbres a los políticos que nos representan. El 74% de los españoles manifestó en un estudio de la aseguradora AXA que no era partidariAXA que no era partidario de que se aumentara la edad de la jubilación y la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas mostró que el 80% de los españoles estaba en contra de ampliar la edad de jubilación. Sin embargo, la primera votación del Parlamento español donde se plantearon reformas en la dirección de aumentar esa edad solo tuvo los votos en contra de nueve diputados de un total de 340. Igualmente, gobierno, sindicatos y patronal fi rmaron un acuerdo económico y social que, entre otras medidas, permitía la reforma del sistema de pensiones y las políticas activas de empleo. Es evidente que no representaban el sentir de la mayoría de los ciudadanos españoles.
La votación sobre la participación española en el ataque a Libia en marzo de 2011 contó prácticamente con el apoyo de todos los diputados, 336. Sin embargo, los sondeos de opinión mostraban que el apoyo de los ciudadanos españoles era del 53,1% frente al 36,6% que la rechazaba. Incluso un periodista nada sospechoso de antisistema como Luis del Olmo destacó «el divorcio entre la voz de la calle y la disciplina de voto en el hemiciclo».
Una encuesta mostró que el 73% de los españoles respondió afi rmativamente a la pregunta «¿piensa que la instalación de una central nuclear en su país es un riego para usted y su familia?». A pesar de ello, España cuenta con ocho reactores nucleares en activo, lógicamente gracias al apoyo de diferentes legislaciones.
Es curioso, pero el gobierno italiano, tras consultar a los ciudadanos en un referéndum, tuvo que decretar la desnuclearización del país. Años después, en Italia, según la citada encuesta, los que piensan que la central nuclear supone un riesgo son el 57%, menos que en España o que en Francia, con un 65% en contra y 59 reactores nucleares operativos. Y es que, cuando se le pregunta a los ciudadanos queda en evidencia que las posiciones de gobiernos y parlamentos no responden al deseo de la mayoría de los ciudadanos. Sucedió en el referéndum de Islandia, donde más del 90% de la población rechazó una ley aprobada en su parlamento el año anterior sobre el pago con dinero público de las deudas a Reino Unido y Holanda por la quiebra de un banco privado islandés. Un año después, volvieron a decir otra vez «No», en contra del criterio de la mayoría de su clase política, sobre si se aprobaba o no, devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones de euros por la bancarrota de una de sus entidades financieras. En Eslovenia, el parlamento aprobó una reforma laboral, y la presión popular logró un referéndum. ¿qué creen que pasó? Pues que un 82% la rechazó.
En las elecciones de 2009 al Parlamento Europeo, el 57% de los ciudadanos que podía votar no lo hizo, y en cada convocatoria ese porcentaje aumenta dos puntos. En países como Eslovaquia votó el 19,64%, en Lituania el 20,98% y en la República Checa y Eslovenia, el 28,2% y 28,33% respectivamente. Igualmente, en las elecciones municipales francesas de 2011, el 55% de los convocados a las urnas no votó. Por supuesto, no existe ninguna figura institucional o normativa que plantee la dudosa representación de los cargos elegidos con esos bajos niveles de participación. Así se explica que, según el CIS, el 56% de los españoles no tiene ningún interés en la UE. En España algunas elecciones de representantes de colegios profesionales se celebran con la abstención del 98% sin que nadie se replantee la legitimidad de los elegidos. Si en España se alcanzase esa abstención en unas elecciones, no existe ninguna vía institucional por la que un ciudadano o un grupo social pudiera desautorizar la representatividad de esas personas elegidas sin el apoyo de la sociedad.
En las elecciones generales españolas de 2008 a Izquierda Unida, con el 3,8 de los votos, le correspondió solo el 0,50% de los escaños. Con doscientos mil votos menos, CiU consiguió cinco veces más diputados que IU. Coalición Canaria con menos de la décima parte de votos que la coalición de izquierdas, logró la misma cantidad de diputados. La circunscripción electoral provincial provocó que 745.008 votos de Izquierda Unida no sirvieran para nada porque fueron restos provinciales que no se tradujeron en representación parlamentaria.
En nuestra Europa existe un país símbolo de la democracia donde hay legisladores vitalicios y no elegidos en las urnas. Se trata del Reino Unido. Allí, en 2010 se anunció el nombramiento de 50 nuevos miembros de la Cámara de los Lores, la Cámara alta del Parlamento británico. En su mayoría son designados por un partido político. Por ejemplo Robert Edmiston, nombrado lord por el Partido Conservador por el mérito de haberles donado 2.400.000 euros antes de las elecciones de 2005. Según la BBC, los donantes a los que los conservadores han compensado con un título y un escaño en esa cámara han financiado al partido con unos cinco millones y medio de euros. Estos nombramientos, además, son para toda la vida. Por ejemplo, Roy Hattersley pertenece por designación del partido a la Cámara de los Lores desde 1993. Mientras tanto, en España, el Partido Popular ha propuesto que los magistrados del Tribunal Constitucional, que no son votados por los ciudadanos, sean también nombrados con carácter vitalicio.
Nuestro sistema político se denomina democracia representativa. Quiere decir que puede que no se garantice el derecho al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, pero lo que sí dicen asegurar desde esta denominación es que los gobernantes y legisladores nos representan como muestra/evidencia de democracia.
Parece bastante claro a la vista de estos ejemplos que no garantizan ni la representación. Quizás por todo ello ocho de cada diez españoles (79%), según una encuesta de la empresa Metroscopia, están convencidos de que quien realmente manda en el mundo no son ya los estados sino «los mercados».
El mundo al revés
Las cosas que se permiten o las que se persiguen en el capitalismo pueden resultar paradójicas. Una diputada autonómica valenciana de izquierdas, Marina Albiol, tuvo que comparecer en el juzgado como imputada por un delito de injurias contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El motivo era la difusión de unas pegatinas con el texto «Fabra a prisión», repartidas por los jóvenes de su organización en unas fi estas patronales el año anterior.16 Dos años después, un candidato electoral de la misma coalición de izquierdas fue condenado a una multa por injurias al presidente de la Diputación Carlos Fabra. Todo ello contrastaba con los cinco años y nueve jueces que estuvieron paseando por los tribunales los procesos por un presunto tráfico de influencias y delito fiscal contra Fabra. Este presidente de Diputación, que se había asignado un sueldo de 92.400 euros anuales y disponía de 33 cargos de libre designación, estaba acusado, solo durante 1999, de un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros y poseía, con 94 cuentas bancarias conocidas, ingresos de seis millones de euros sin justificar entre 1999 y 2004. Fabra gastó en 2004 el doble en pagar préstamos de lo que se supone que ingresó. Según su declaración de la renta, entre su mujer y él ganaron ese año 185.229 euros.
El dinero les cundió tanto que pudieron amortizar dos créditos por valor de 355.000 euros y todavía les alcanzó para poder comer. También está acreditado que ingresó 841.000 euros por asesorar a varias empresas privadas siendo presidente de la Diputación. Además está acusado de un delito contra la salud pública por maniobrar en el Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del PP, para que aprobaran la comercialización de un insecticida de uso agrícola sin haberse descartado su toxicidad para las personas. Pero quien se las verá en el juzgado será la diputada de la organización que difundió unas pegatinas denunciándolo, sería paradójico que haya antes una sentencia contra la diputada que contra el presidente de la Diputación.
Veamos otro caso. Desde que recibió los 500 folios de Izquierda Unida, donde se relataban los hechos que consideraban constitutivos de delito, pasaron dos años sin que la Fiscalía Anticorrupción iniciara un proceso de investigación contra la trama de construcción en la localidad toledana de Seseña del promotor inmobiliario Paco El Pocero, quien tenía en marcha 13.508 viviendas sin un plan general urbanístico y a cuatro kilómetros del casco urbano. Un pelotazo que supondrían 800 millones de euros para El Pocero. Izquierda Unida apreció en su investigación aportada a la fiscalía delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y delitos contra la hacienda pública.
En cambio el alcalde de la localidad y sus cuatro concejales de IU debieron pagar una fianza de 133.00 por una querella del El Pocero por un artículo de prensa donde denunciaban la trama, mientras el constructor ni había sido llamado a declarar por la Fiscalía pero sí recibió del gobierno anterior una medalla al mérito laboral. El propio constructor afirmó también que había realizado trabajos en una empresa familiar del que fuera presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, José Bono, que le fueron pagados por «empresas patrocinadoras».
La Fiscalía tampoco citó a ningún cargo de la Junta de Comunidades a pesar de que desde el gobierno autonómico permitieron que ninguna de esas viviendas fuese de protección oficial ni de precio tasado como establece la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU).
Siempre pensábamos que solo eran condenados los desgraciados sin recursos y nunca los poderosos, pero la realidad parece que todavía es más preocupante, junto a los indigentes se sientan en los banquillos los políticos honrados que denuncian la corrupción.
Pascual Serrano es periodista. Sus últimos libros son ¿El mejor del los mundos? Un paseo crítico por lo que llaman “democracia” (Icaria) y Traficantes de información (Foca)
