Cuando se cumple un año del final de los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia, Amnistía Internacional ha publicado un exhaustivo informe de 52 páginas en el que analiza detalladamente los modos de operar de la organización militar. El balance es de más de quinientos civiles asesinados por la OTAN mediante bombardeos considerados “crímenes de guerra” y “ataques deliberados contra objetivos civiles”. Afirma que “no se suspendieron los ataques cuando se hizo patente que habían alcanzado a civiles”, y que no se cumplieron las “obligaciones jurídicas al seleccionar los objetivos y elegir los medios y métodos de ataque”, se “cometieron graves violaciones de las disposiciones del derecho de los conflictos armados”, y se “causaron homicidios ilegítimos de civiles”. Según Amnistía Internacional, organización premiada por el Nobel de la Paz en 1977, la OTAN ha incumplido las normas del derecho de los conflictos armados y el derecho internacional humanitario, incluido el Convenio de Ginebra. “El número de bajas mortales civiles se podría haber reducido significativamente sí las fuerzas de la OTAN hubieran cumplido estrictamente las normas del derecho de los conflictos armados durante la Operación Fuerza Aliada”, añadió esta organización.
Para la organización de derechos humanos la envergadura de los delitos cometidos por la Alianza Atlántica es tal que “los demás Estados y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia deben investigar las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante la Operación Fuerza Aliada”.
Hace un año Julio Anguita era linchado en los medios de comunicación, e incluso entre muchos sectores de “izquierda”, por afirmar algo tan poco políticamente correcto como que Javier Solana era un criminal de guerra. Ahora, Amnistía Internacional, donde no parece que Julio Anguita tenga muchas influencias, afirma que la organización militar que dirigía Javier Solana ha violado la Convención de Ginebra y ha cometido crímenes de guerra que debe investigar el Tribunal Penal Internacional (TPI). Quizás Milosevic tenga un compañero de banquillo español ante el TPI.
También hace un año, algunos escribíamos sin ninguna repercusión en los grandes medios de comunicación ni entre el poder político establecido, que la OTAN utilizaba bombas radioactivas cuya toxicidad está instalada en el aire, el agua y la cadena alimenticia. Tal es su toxicidad que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tiene solicitada su prohibición. Hace menos tres meses, el actual secretario general de la Alianza Atlántica, el británico George Robertson, reconocía mediante una carta dirigida a las Naciones Unidas el uso de 31.000 proyectiles radioactivos. El diputado de Izquierda Unida Willy Meller dirigió durante la guerra cuatro preguntas parlamentarias al gobierno sobre está cuestión. Este respondió que “España no tiene conocimiento de que se haya lanzado armamento conteniendo uranio empobrecido”. Al parecer algunos estábamos mejor informados que nuestro propio gobierno.
Una de las resoluciones de la ONU, la 1.244, tiene como objetivo garantizar los derechos de las minorías, una de las misiones encomendadas a la KFOR. Desde que llegaron estas fuerzas de “pacificación” 200.000 serbios se han visto obligados a abandonar Kosovo. Hoy sólo quedan 70.000 serbios que saldrán pronto de la región, todas las semanas son asesinados algunos de ellos por miembros del antiguo ELK. Pero, ahora, estos datos no los ofrecemos algunos medios y periodistas independientes, proceden de los editoriales de los grandes medios de comunicación.
Amnistía Internacional también ha recordado que, un año después, la OTAN no ha ofrecido datos oficiales de víctimas de la guerra, ni civiles ni militares. Se sabe, eso sí, que la OTAN no sufrió ninguna baja, dos pilotos cuyos aviones fueron derribados fueron rescatados más tarde. Se trata de información cuya reserva podría estar disculpada en el transcurso del conflicto pero que hoy nada justifica el hermetismo. Los ciudadanos de los países miembros de la OTAN no sabemos por tanto cuál es el balance de víctimas provocadas por nuestro armamento.
En cuanto al panorama actual del protectorado de Kosovo, nada más desolador. Amnistía Internacional afirma en otro de sus informes con fecha de marzo que “la violencia sigue asolando Mitrovica y pone de manifiesto el fracaso de la comunidad internacional”. También en febrero, la organización afirmaba que las fuerzas internacionales “han sido incapaces de impedir que se produzcan ataques, incluidos abusos contra los derechos humanos, motivados muchas veces por el afán de venganza, contra la población de etnia no albanesa”. En cuanto a los tribunales de justicia implantados por las fuerzas internacionales, se afirma que sus decisiones judiciales se toman “teniendo en cuenta factores políticos en lugar de jurídicos”. “Entre los integrantes de todas las comunidades está cundiendo la impresión de que en algunos tribunales de Kosovo no se hace justicia”, afirma AI. Respecto al antiguo ELK, reconvertido en cuerpo de policía, los medios occidentales no ocultan que “instiga la represión contra los serbios cuando no la aprovecha con afanes de lucro”. El próximo mes de octubre están previstas elecciones municipales y el censo de inscripción de población serbia es nulo. The Washington Post afirma que miles de mujeres de Europa del Este se ven retenidas contra su voluntad en burdeles de Kosovo, “reducidas a la esclavitud”, según un alto mando militar italiano. Los burdeles y la esclavitud sexual han surgido y han proliferado precisamente después de la conquista de Kosovo a cargo de la OTAN y del ELK.
En realidad no está ocurriendo nada que algunos no estuviésemos denunciando hace un año. La diferencia es que ahora la acusación de crímenes de guerra la esgrime Amnistía Internacional, el uso de material radioactivo lo reconoce la propia OTAN y el resto de los desastres y la limpieza étnica de serbios lo están afirmando las ONG´s que trabajan en la zona, los propios kosovares, la KFOR (Fuerza Internacional de Seguridad) y la UNMIK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo).
Quizás ahora sea un buen momento de apelar a las conciencias de esa mayoría silenciosa que, al menos con su pasividad, no se opuso a la intervención de Yugoslavia. Si entonces les pudo servir como justificación que las informaciones y datos que algunos ofrecíamos no merecían credibilidad por proceder de un entorno ideológicamente hostil a la OTAN y cómplice con Milosevic, ahora esa justificación ya no sirve. Teníamos razón en todo. En los crímenes de la OTAN, las armas de destrucción masiva y la posterior limpieza étnica, caos y mafia que se sembraría en Kosovo. “Difíciles los tiempos en que hay que demostrar lo obvio”, decía el Che Guevara. Pues demostrado está. Los ciudadanos de los países miembros de la OTAN que con su silencio permitieron o permitimos lo sucedido en Yugoslavia, tenemos un lugar en el banquillo del Tribunal Penal Internacional junto a Javier Solana y Augusto Pinochet, no por complicidad sino como autores materiales. De esos crímenes de guerra no fuimos testigos silenciosos, fuimos los protagonistas. Nunca nos sentaremos en ese banquillo, pero la historia nunca nos absolverá.
