El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición tras las últimas elecciones, aprobó el pasado 16 de febrero en primer debate un proyecto de Ley de Amnistía presentado como una norma necesaria para liberar a los opositores presos e iniciar un proceso de reconciliación nacional. Desde fuera de Venezuela, los sectores que repudian el proceso bolivariano han aplaudido y apoyado la ley. Sin ir más lejos, el presidente español en funciones, Mariano Rajoy, en pleno debate público sobre los acuerdos para un nuevo gobierno, consideraba que el tema prioritario para escribir en el diario El País era Venezuela, y afirmaba textualmente: “Como todo demócrata, espero que salga adelante la Ley de Amnistía que está impulsando la valiente Asamblea Nacional de Venezuela, a la que apoyo sin reservas”.
Vale la pena analizar ese proyecto de amnistía que, según sus primeras líneas, dice que se inspira en “su Santidad el Papa Francisco”. Sus defensores lo presentan como una ley destinada a “sentar las bases para la reconciliación”. De ahí que tenga como objetivo “poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos, con la finalidad de cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos”.
