En los regímenes dictatoriales, los déspotas, con su ejército, sus policías y sus jueces silencian a las colectivos sociales díscolos, relegan al silencio a los intelectuales honestos que les critican y no permiten que tomen la palabra los miles de ciudadanos que se enfrentan al poder. Por su parte, desde el poder dictatorial no dejan de afirmar que quienes le critican son una minoría, que recurren a la violencia y quieren subvertir el orden. Es curioso, pero precisamente todo eso, en nuestros regímenes supuestamente democráticos es la función de los grandes medios de comunicación.
Algún día se pensó que los medios iban a ser el cuarto poder, es decir, ese poder ciudadano que vigilaría a los otros tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Hemos comprobado que en este sistema que ellos llaman democracia estos tres poderes ni nos representan ni son legítimos porque sus decisiones no tienen ninguna relación ni con las promesas con las que se auparon ni con los deseos de los ciudadanos. Pero peor todavía es lo del cuarto poder que los iba a vigilar. Si los tres primeros se han puesto al servicio de los mercados, el cuarto directamente es mercado. El vigilante se ha convertido en la fuerza de choque del mercado, en los fundamentalistas del régimen que está estrangulando la democracia. Y se han convertido en eso porque no son ni siquiera empresarios de la comunicación, sus dueños son emporios empresariales con acciones e intereses en todos los sectores, desde multinacionales de las telecomunicaciones que controlan las vías de difusión de la información hasta grupos bancarios imprescindibles para la financiación. Y su viabilidad depende de grandes anunciantes del tipo de empresas de hidrocarburos, automovilísticas, grandes almacenes. Estos medios no son ningún cuarto poder, son el poder del dinero.
A ellos no les interesa la verdad, ni la democracia. Al contrario, defenderán a esos bancos que desahucian a quienes no pagan sus hipotecas, a las grandes empresas que aplican despidos para mejorar sus ganancias, a las corporaciones que destruyen el planeta con tal de que sigan contratando publicidad, a los hospitales y universidades privadas los que seguro insertarán más anuncios que los servicios públicos y además serán de los mismos dueños que los bancos que les financian.
Y por supuesto, esos medios apoyaran a todos los políticos que propongan más poder para el mercado y menos para los ciudadanos. Los periódicos, las televisiones y las radios, con sus columnistas, sus editoriales, sus reportajes por encargo y sus informaciones manipuladas se lanzarán como hienas contra cualquiera que ose atentar contra los privilegios del mercado porque ellos están creados para defenderlo.
Y todo eso sucederá desde unos medios de comunicación que nadie los ha elegido. Porque no los elegimos nosotros cuando vamos al quiosco o encendemos el televisor, ellos viven de y para sus bancos y anunciantes. Medios que nadie puede controlar, pueden mentir con impunidad y no existe ningún contrapoder que los equilibre.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho “a recibir informaciones y opiniones”. Pero para que los ciudadanos disfruten el derecho de recibir informaciones y opiniones se debe garantizar a otros el derecho de emitir informaciones y opiniones. Y ese derecho, todos los sabemos, lo conceden un oligopolio de unas pocas empresas de comunicación. Porque los medios no ejercen el derecho a la libertad de expresión, ejercen el derecho a la censura puesto que deciden qué es lo que se publica y difunde, y qué es lo que no. Después tenemos la Constitución española, la primera constitución de una país europeo que recoge el derecho ciudadano a recibir información “veraz”. Pero no existe ninguna legislación que lo desarrolle, en la anterior legislatura Izquierda Unida elaboró el Estatuto del Periodista para que se aprobase en este Parlamento. En él se establecían sistemas de control y participación pública que garantizasen la independencia del periodista respecto a su empresa y la veracidad de las informaciones. El Estatuto se aprobó en comisión y los dos grandes partidos se encargaron de no llevarlo nunca al Pleno por lo que quedó en el olvido. El resultado es la perdida de credibilidad de los medios.
El pasado 8 de junio, el programa más visto de todas nuestras televisiones fue el Tiempo 1, de TVE1, que arrasó con un 20’8 % de share. Con treinta canales de televisión, y los ciudadanos llegan a la conclusión de que lo más interesante era el informativo metereológico. Hace años era objeto de burla el parte del tiempo porque decíamos que nunca acertaba, ahora no hemos dado cuenta de que es lo único fiable que emiten por televisión.
También nos hablan de códigos éticos y deontológicos de los periodistas. Pero en las empresas de comunicación sólo vale un código, y es el mismo que el de todas las empresas. Si lo que haces no le gusta a tu jefe te vas. Ese es el único código que funciona cuando no está garantizada la estabilidad en los empleos.
No debemos ser ingenuos, unos medios bajo el imperio del mercado nunca podrá satisfacer las necesidades de información veraz de los ciudadanos. Ellos necesitan ser rentables, para ello deben ganar audiencias a toda costa mediante la frivolidad, el espectáculo o el morbo. No pueden enfrentarse a grandes accionistas que son los protagonistas y beneficiarios de un modelo neoliberal incompatible con la democracia. No pueden tratar mal a quienes les benefician con publicidad, los grandes medios no viven de nosotros, un periódico cuesta el doble de lo que pagamos por él (la otra mitad la paga la publicidad) y en el caso de las televisiones y las radios son gratis porque su dinero viene por otras vías, y ya sabemos que quien paga manda.
Ahora viene la gran pregunta ¿qué hacer? Mis respuesta es: democratizarlos. También aquí es necesaria una Democracia real ya. Igual que debemos arrebatarle al mercado su poder sobre las decisiones de los gobiernos, debemos arrebatarle el control de los medios de comunicación. Sólo un banco público podrá servir a los intereses ciudadanos y no a los de sus accionistas, sólo un colegio público atenderá a un niño inmigrante sin recursos, sólo un hospital público asistirá a un anciano sin recursos cuando enferme. Y solo un medio público, colectivo, podrá representar la pluralidad y le podremos exigir veracidad. Público controlado por la ciudadanía, con consejos editoriales donde estén representados los colectivos sociales, con una financiación que no dependa de los bancos, donde se atienda el derecho ciudadano a informar y estar informado.
Porque los medios o son nuestros o están contra nosotros, contra los ciudadanos.
