“A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió, se la mandó la Directora del DAS con mi autorización, de que si cumple con eso no se le extradita”, así decía textualmente el presidente colombiano Alvaro Uribe en el foro “Inseguridad, dolor evitable”, celebrado en Bogotá el 13 de junio, veinte días antes de al liberación.
Sus declaraciones están recogidas en la propia web de la presidencia de la república, ahí también se afirma que: “El Presidente Uribe Vélez ya había informado en días anteriores que un guerrillero había contactado a funcionarios del Gobierno Nacional, para hacer la propuesta de entregar a varios secuestrados a cambio de que le garantizaran que no sería extraditado”.
Esta versión coincide con la presentada por las FARC quienes, mediante un comunicado, afirmaron que la liberación de los quince retenidos no fue ningún rescate sino una fuga gracias a la traición de dos guerrilleros, César y Enrique, precisamente los que están en poder del gobierno colombiano en la actualidad.
Además, al día siguiente, el 14 de junio, el diario también recogería esa posibilidad con la noticia titulada: “Dos jefes de las Farc estarían tentados a entregarse tras oferta de Uribe”.
Según este periódico “el Gobierno manifestó que estos dos personajes estarían interesados en recibir recompensas y ser enviados a Francia”.
El diario señala, citando “fuentes bien enteradas de la información que posee el Gobierno” que “serían 30 guerrilleros a cargo de 10 secuestrados, los que se entregarían. Este grupo está interesado particularmente en el beneficio de ser albergados en Francia, como lo ha ofrecido ese país y ratificado el mismo Uribe”.
El Tiempo afirma que los dos jefes guerrilleros están interesados en beneficiarse del decreto del pasado 27 de marzo, por el cual, según el Comisionado de Paz Restrepo, el gobierno ofrecía la excarcelación para guerrilleros tan pronto diera la entrega de secuestrados.
"Basta, simplemente -dijo Restrepo- con que de manera inmediata la doctora Íngrid Betancourt sea liberada, para entregar los beneficios de la suspensión condicional de la pena a los miembros del grupo guerrillero que se acuerde". Incluso precisó que "no hay límite en cuanto al tipo de delito cometido ni hay límite en cuanto a la pena o condena que estas personas deben pagar en las cárceles (…) nosotros podemos conceder este beneficio".
Dos días después, el 29 de marzo, desde San José del Guaviare (la zona donde se dijo estaba Íngrid) Uribe explicó el ofrecimiento y reiteró la "oferta de 100 millones de dólares, para pagarles recompensas". "¿Se puede ir al extranjero? -agregó- Sí. Ese tema también lo tenemos hablado con el Gobierno de Francia, que nos ha dicho que estaría dispuesto a albergarlos".
También el diario colombiano El Espectador informó dos días antes, el 12 de junio, de una “comunicación que se dio entre la alta funcionaria del DAS (servicio de inteligencia colombiano) y algún miembro de la guerrilla buscaba que el Presidente se comprometiera a no extraditar a los subversivos que facilitaran el regreso de los secuestrados con sus familias”.
Bastaría creer en estas afirmaciones del presidente Uribe para llegar a la conclusión de que no se produjo ningún rescate y sólo la traición y entrega de los secuestrados por parte de dos guerrilleros. La operación Jaque, presentada como un éxito de los servicios de inteligencia del ejército colombiano, sería por tanto una farsa.
También resulta sospechoso que a los dos guerrilleros detenidos se les está aplicando una ley derogada, la ley 600, evitando ponerlos a disposición de un juez de control de garantías, tal y como señalaron sus abogados, de esta forma el gobierno tendría más margen de actuación y opacidad para proceder con los dos detenidos.
Queda ahora observar cuál es la evolución de los guerrilleros en poder del gobierno, si son liberados, extraditados o juzgados. Sin descartar otras opciones más enigmáticas como fugados o desaparecidos.
