El presidente del Gobierno español recurrió al título de la película Buenas noches y buena suerte para dirigirse a los telespectadores en el debate previo a las elecciones. La película trata de un periodista que, durante el macartismo, comprendió que lo que se presentaba como una actividad para proteger al Estado era en realidad un proceso de destrucción de los derechos civiles. Quizá el presidente quería transmitir la idea de que vivimos en tiempos oscuros pero que existe la voluntad política de afrontarlos con dignidad. Pero quizá solo estaba diciendo buenas noches y allá cada uno con lo que le caiga encima, porque tenemos miedo y es mejor estar callados.
En estos últimos días, las presiones del Gobierno colombiano han llevado en nuestro país a la detención de un ciudadano español y a su linchamiento mediático. Conviene recordar que, según el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús, “del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 176 a las FARC, 8 al ELN y 4 a ‘guerrilla’ sin especificar”. Por lo cual, “se verifica que con mucho el mayor violador del Derecho Internacional Humanitario en Colombia es el propio Estado”. Hay en este momento en Colombia más de 30 senadores y diputados presos o imputados por vínculos con el paramilitarismo.
¿De qué acusa la prensa a Remedios García Albert? De haber solicitado visados para los hijos de un miembro destacado de las FARC? ¿Se heredan los delitos? ¿Debe ser abolida, en estos tiempos oscuros, la labor humanitaria? Si un niño o un joven es aplastado por una viga, ¿deberemos asegurarnos de que ni sus padres ni –tal vez– sus abuelos han tenido jamás vínculos con el terrorismo antes de levantar la viga? La prensa ha acusado además a García Albert de haber entregado 6.000 dólares a una persona en Suiza. Ni siquiera se ha preocupado de averiguar a quién se le entregaba el dinero y para qué. No era un “representante de las FARC en Suiza” –dato desmentido por el Gobierno suizo– sino un refugiado gravemente enfermo que debía costear una operación quirúrgica. Dice el abogado de García Albert que ella “actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hizo llegar a un enfermo la cantidad necesaria para hacer frente a la intervención sin imaginar que eso podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada”. ¿Queremos construir una sociedad donde nadie se atreva a ayudar a un enfermo por lo que pudiera pasar? ¿Queremos un macartismo a la española?
La prensa no solo ha publicado correos electrónicos atribuidos a García Albert, incurriendo en un delito de violación de correspondencia, sino que también ha rozado la ignominia del amarillismo con artículos en donde se habla de las relaciones afectivas de García Albert, se lanzan insinuaciones insidiosas o se habla despectivamente de que la acusada se habría “pillado” una infección.
Para obtener las pruebas de que Remedios García tramitó visados y trasladó dinero para una intervención médica, el ejército colombiano violó el espacio aéreo y terrestre ecuatoriano en una acción en la que murieron 17 miembros de las FARC, pero también cuatro estudiantes universitarios de México y un ciudadano ecuatoriano. Debe aún investigarse si se produjo violación de los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Deben investigarse las posibles violaciones del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra llevadas a cabo para incautarse los soportes informáticos donde se encontraban esos correos electrónicos.
Por lo demás, incluso la Interpol ha reconocido que “entre la fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”. Se rompió la cadena de custodia durante más de 48 horas y en ese plazo “las autoridades accedieron a las pruebas sin haber creado y/o utilizado los mecanismos de salvaguarda necesarios para que el mero acceso no las alterase”.
Por otro lado, como explica el abogado de García Albert, si bien las FARC están incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde 2002, esa consideración no es seguida unánimemente por los distintos países miembros. Así, las FARC no figuran en la lista del Reino Unido, ni en la de las Naciones Unidas. El Gobierno noruego manifestó en 2006 que no asumía la lista de la UE. Poco más de un año antes de su inclusión en dicha lista, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En España, en el año 2000, se reunieron públicamente con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el presidente del Congreso.
¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué resulta necesario recurrir a artículos de opinión para paliar la falta de información, cuando no la más burda intoxicación, de la prensa llamada seria? ¿Es normal que nuestras instituciones operen a requerimiento de un gobierno extranjero, campeón mundial de todas las violaciones y atropellos? ¿Es normal que nuestros medios de comunicación se limiten a reproducir la información policial y a atizar la criminalización de la detenida sin la más mínima investigación ni el más leve indicio de inquietud? ¿Es normal que una noticia así no provoque la menor “alarma ciudadana”? ¿Quién será el próximo? La compasión, la mediación, la solidaridad, el humanitarismo, ¿los dejaremos a un lado por miedo? En tiempos de oscuridad, solo se conservan los derechos que se defienden.
