El Ministerio de Economía español ha reconocido ventas de material militar a Indonesia entre 1991 y 1998 por valor de 1.178’3 millones de pesetas y otros 143’6 en material de doble uso. A esa cifra hay que sumar otros 4.000 millones en armamento según la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona y seis aviones C-212 para la Armada de Indonesia, valorados en 10.000 millones de pesetas, que no figuran en las estadísticas publicadas por el gobierno español.
El ejército y las milicias proindonesias son los responsables, según las Naciones Unidas, del asesinato de al menos siete mil timoreses en tan solo las dos semanas siguientes al referéndum para la independencia de Timor Este, además de otras 3.000 o 5.000 muertes en el periodo de 1999 anterior al referéndum, según la Iglesia Católica. Los desplazados se calculan entre 300.000 y 400.000 y el ACNUR ha denunciado la deportación de otras 300.000 personas a territorio indonesio en Timor Occidental.
Entre las armas suministradas se encuentran 4.240 pistolas por valor de 150 millones de pesetas en 1994 y 1995, además de munición y cartuchos por valor de 89 millones de pesetas entre 1992 y 1998. Hace apenas unos meses, en la segunda mitad del pasado año, se vendieron otros 2’2 millones de pesetas en pistolas, según datos del propio Ministerio de Economía español.
También en 1994 nuestro país vendió a la dictadura de Suharto dos sistemas infrarrojos de observación y revólveres de la empresa Llama- Gabilondo para las Fuerzas Armadas. En 1992, Indonesia recibió cuatro aviones militares por valor de 4.000 millones y un simulador de vuelo Ceselsa para los aviones CN-235. Un año antes el ejército indonesio disparaba contra una multitud durante un funeral en el cementerio de Santa Cruz y mataba a 180 personas.
Asimismo, en 1996 el país asiático firmó un contrato de 10.000 millones con la empresa CASA para la adquisición de seis aviones de transporte y patrulla marítima C-212. En octubre de ese mismo año, la Revista Española de Defensa, órgano oficial del Ministerio, dedicaba un artículo de análisis a Indonesia, según ha recordado el general de Artillería en la reserva y analista del Centro de Investigación para la Paz, Alberto Piris.
En él se decía que Indonesia había "jugado un papel destacado en el contexto mundial", y añadía que a pesar de haber poseído el tercer partido comunista más cuantioso del mundo, éste había sido "desmantelado" tras un intento de golpe de estado (acontecimientos brillantemente narrados en la película El año que vivimos peligrosamente). Lo que la revista de nuestro ministerio llamaba eufemísticamente "desmantelamiento", que se produjo a partir del golpe de 1965, fue el estremecedor asesinato de varios centenares de miles de ciudadanos indonesios (entre 400.000 y un millón).
El régimen de Indonesia y sus Fuerzas Armadas también han sido protagonistas durante todos esos años de escalofriantes informes de Amnistía Internacional. Las organizaciones internacionales ya reconocen las cifras facilitadas por la Iglesia Católica que estima en 200.000 muertos las víctimas del genocidio del régimen del presidente Suharto durante la ocupación de Timor Oriental, el mismo presidente al que España le ha estado vendiendo las armas.
Por su parte, Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al gobierno a que "se cancelen los créditos FAD y la venta de armas con destino a la República de Indonesia". Asimismo, en una declaración de esta fuerza política hecha pública el pasado 14 de septiembre, se exige a la Unión Europea "la suspensión de todos los programas de ayuda y colaboración con Indonesia. En particular, el fin del comercio de armas".
Izquierda Unida también presentó el pasado 8 de septiembre una Interpelación Urgente dirigida al Gobierno en la que pregunta "sobre las medidas adoptadas para modificar la política seguida hasta la fecha con Indonesia, así como las iniciativas realizadas ante la ONU y la UE que tengan como fin garantizar el respeto a los derechos humanos y a la manifestación de soberanía popular expresada días atrás en el Referéndum realizado acerca de la independencia del pueblo de Timor".
También la Sección Española de Amnistía Internacional ha pedido a la población española que se movilice contra "la venta de armas ligeras de España a Indonesia". Amnistía Internacional ha iniciado una campaña de envío de cartas a la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYME en las que se pide que "se hagan públicos los datos de todas las licencias de exportación de materiales y servicios concedidos a Indonesia, detallando las armas exportadas, el importe y las empresas implicadas".
Según AI, es probable que el material militar español haya sido "utilizado en la comisión de violaciones de derechos humanos", por lo que los ciudadanos españoles tienen "derecho a conocer el grado de responsabilidad del gobierno español en la situación actual".
