Está resultando muy comentada la intención del Gobierno de incluir la apología del franquismo como un delito en el Código Penal. «En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos», dijo Adriana Lastra en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum el pasado día 10 de febrero. No es la primera vez que la izquierda plantea crear un delito y termina saliendo trasquilada. En la última reforma del Código Penal se incorporó el delito de odio, desarrollado en el artículo 510.
En él se establece que se castigará con penas de uno a cuatro años de prisión a «quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad». El delito de odio se concibió, con el apoyo de la izquierda y los movimientos sociales, para proteger a las minorías discriminadas o potencialmente víctimas de agresiones: colectivos LGTB, inmigrantes, grupos étnicos.
