El 30 de julio se produjo una curiosa anécdota televisiva. Ese día fue noticia la amenaza del responsable de prensa del Ministerio de Trabajo a un periodista de TVE. Tras una rueda de prensa del ministro, el funcionario de prensa, indignado con un redactor de Televisión Española que insistía en preguntar al ministro, le espetó: “voy a quejarme porque lo has hecho muy mal. Es más, voy a pedir (sic) quién eres para evitar que vengas a este ministerio en la medida de lo posible”. Muchas críticas señalaron que lo sucedido era una prueba del “partidismo de los medios públicos a favor del gobierno”, una vez más se demostraba que la televisión pública y, por extensión, los medios del Estado están bajo el control del gobierno de turno que se podía permitir vetar a un periodista porque no era de su gusto. Quienes así acusan olvidan que quien difundió las imágenes de las presiones gubernamentales fue el propio medio público, Televisión Española, lo que, en mi opinión constituye la mejor prueba de que no aceptaron la presión y así la denunciaron. Supongamos una situación parecida que tenga como protagonista al dueño de una televisión privada y a un periodista de esa televisión. Seguro que no nos imaginamos la difusión en Cuatro de una presión similar de la familia Polanco a un periodista de esa cadena, o en Antena 3 una presión de la familia Lara.
El caso italiano puede ser un buen objeto de estudio. En ese país, el primer ministro, Silvio Berlusconi, es propietario del Grupo Fininvest, el cuál controla la empresa Mediaset, dueña de las cadenas televisivas Rete Quattro, Italia Uno y Canale Cinque. Si bien esta última se intenta presentar con una cierta independencia en su línea informativa, la realidad es que las tres se caracterizan por su apoyo incondicional al dueño, es decir, a Berlusconi. Al mismo tiempo el estado italiano es propietario de las cadenas RAI1, RAI2 y RAI3. Aunque la calidad de estas televisiones ha bajado mucho durante los gobiernos de Berlusconi con el objetivo de conseguir que las audiencias emigren a los canales del primer ministro, su nivel de incondicionalidad política al gobierno es menor que en las privadas de Berlusconi. Incluso RAI3 mantiene un mayor perfil de izquierdas, en virtud de un acuerdo histórico de reparto de líneas editoriales entre los tres canales públicos. Ello es posible porque existe una comisión de vigilancia parlamentaria que nombra a siete consejeros de los nueve que integran el consejo de la corporación de la televisión pública italiana. Por tanto en Italia el objetivo no es lograr televisiones públicas al servicio de un gobierno, sino intentar jibarizarlas para que sean las privadas las que tengan el poder y cumplan la función de lealtad gubernamental.
En España también se intenta un control plural y democrático de RTVE. Según la legislación, las Cortes Generales elegirán los doce miembros que integran el Consejo de Administración de la Corporación RTVE, dos de ellos serán a propuesta de los dos sindicatos más representativos de la corporación. Otro elemento de participación pública de nuestra televisión pública es la existencia del denominado “derecho de acceso”, consagrado en la Constitución y que establece que los medios públicos deben reservar parte de sus programación para contenidos propuestos por partidos políticos, movimientos sociales o sindicatos. Es verdad que no se está poniendo suficientemente en práctica, algo que debemos denunciar, pero donde nunca se hará porque no existe ninguna garantía legal que lo establezca es en los medios privados.
Tampoco negaremos que, a pesar de todo, las televisiones públicas no cuentan con los mecanismos de participación democrática que todos desearíamos, y que el poder de los gobiernos en muchas ocasiones es excesivo. Lo que es indiscutible es que los profesionales de las televisiones privadas nunca podrán denunciar y mostrar en pantalla los intentos de presión por parte de sus propietarios. De modo que la verdadera independencia y pluralidad, o viene de los medios de comunicación públicos o no vendrá nunca.
