Existen varios conceptos manejados en Venezuela por los sectores partidarios del presidente Hugo Chávez que no termino de compartir y que creo es necesario, al menos, ponerlos sobre la mesa para el debate. El primero de ellos es lo que denominan en ese país el “burocratismo”, que en España denominaríamos burocracia. Si bien el diccionario de la Real Academia considera ese término como “ administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”, en Venezuela cualquier ineficacia, incompetencia, irresponsabilidad e incluso corrupción se presenta como burocratismo. Con esa maniobra se diluye cualquier responsabilidad y el problema se convierte en una nebulosa comparable al misterio de la Santísima Trinidad y, por tanto, con las mismas posibilidades de resolución. Cuando un funcionario no hace su trabajo, un operario llega tarde a su jornada laboral, un responsable político no cumple sus compromisos o un técnico no realiza adecuadamente su labor, en lugar de identificar responsabilidades se saca de la chistera el comodín burocratismo, con lo que deja de identificarse el funcionario incompetente o el político farsante para dejar paso a la resignación. No existe ninguna medida tendente a localizar, con nombres y apellidos, el responsable de la ineficacia o el estropicio de turno, y menos aún al político que lo designó. Iniciar un proceso de regeneración ética de las responsabilidades profesionales pasaría por erradicar la palabra burocratismo, no existe ningún error burocrático que no tenga detrás a un empleado o un cargo incompetente, por tanto, sólo identificándolo y tomando medidas se logrará mejorar la administración venezolana.
El segundo concepto de uso recurrente es el de dictadura mediática. Dictadura mediática la sufren los colombianos, los mexicanos, los españoles, los estadounidenses y, en general, los ciudadanos de países donde el llamado pensamiento único está implantado en todos lo medios de comunicación y su funcionamiento se basa en las rígidas y pervertidas reglas del mercado donde no hay lugar para la crítica política al modelo neoliberal imperante. Pero en Venezuela hace diez años que el gobierno se ha posicionado en contra de esas estructuras, hoy se disponen acompañando al proceso y desmarcándose del mercado comunicacional, una agencia de prensa estatal, televisiones públicas, radios públicas y decenas de medios comunitarios y portales de Internet. Es verdad que existen feroces medios de comunicación privados que no dudan en recurrir a la mentira y la manipulación, pero eso no es dictadura mediática. Por otro lado, en países como España existen también agresividades mediáticas similares contra el gobierno de Rodríguez Zapatero por parte de medios de comunicación privados, sin que además este gobierno haya tomado posturas políticas radicales como el de Chávez, pero están más o menos neutralizados mediante una batería de medios públicos o privados cercanos al gobierno. ¿No será que el recurrente discurso de la dictadura mediática solo busca ocultar la incapacidad de poner en marcha un adecuado modelo informativo que contrarreste la agresividad de los medios privados contra las políticas del gobierno? La dictadura mediática y el consenso contra el gobierno venezolano lo hay, pero fuera de Venezuela a la hora de llevar la verdad más allá de sus fronteras. Son los grupos de solidaridad, los cuerpos diplomáticos venezolanos y los intelectuales extranjeros comprometidos con el proceso los que deben convivir en un ambiente hostil, de agresión constante a las políticas de Hugo Chávez y de censura a quien quiera levantar la voz para defenderlas. Sin embargo, desde fuera de Venezuela, cuando hemos querido seguir una jornada electoral a través de alguna televisión venezolana por internet, la única que estaba cubriendo exhaustivamente las elecciones y cuya señal no se había caído, era la opositora Globovisión. Sucedió la noche del referéndum para la reforma constitucional y volvió a repetirse en las elecciones regionales pasadas.
Y el tercer elemento lo observo con frecuencia entre la militancia chavista. Se trata de publicar constantemente textos dirigidos personalmente a Chávez en los que piden mejoras en algunos servicios, denuncian determinadas políticas equivocadas o irregulares o solicitan medidas para diferentes cuestiones. En aporrea.org se pueden comprobar constantemente. Pero si la atención de todas esas demandas, la gran mayoría razonables, deben pasar por la lectura y decisión del presidente no se podrá avanzar nunca. La existencia de un líder es sin duda un gran valor que permite unidad y cohesión en un proceso revolucionario, pero el proyecto debe tener todo un equipo de materialización y puesta en práctica de las políticas. Si un ciudadano considera que se debe mejorar un determinada infraestructura o atender una imperiosa necesidad municipal, debería haber una vía diferente a la de publicar una carta en aporrea dirigida a Chávez. Y no digamos si se trata de una denuncia de corrupción, ¿no hay ninguna instancia más eficaz que publicar una carta dirigida al presidente? Y si la denuncia era falsa, ¿por qué no se toman medidas legales contra quien la hizo? ¿Por qué no se encuentran cartas dirigidas a los diferentes ministros? La mayoría de las cuestiones que abordan son competencia de ministro para abajo. Quizás en esto se aprecia el escepticismo de los venezolanos que no confían tanto en sus altos cargos como en su presidente, pero también sería misión del presidente lograr que los ciudadanos confíen en los ministros que él elige.
En conclusión, que estos eran los tres conceptos que yo deseaba poner sobre el tapete con la esperanza de que en algo se puede avanzar, incluso sin que lo lea Chávez.
