La Fundación Carolina y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España han presentado el denominado “Barómetro 2006. Fundación Carolina” sobre “América Latina y la cooperación al desarrollo en la opinión pública española” para el que han realizado una encuesta a 2.475 españoles. En ella, realizada entre los pasados 9 y 15 de septiembre, han preguntado por la cooperación, la emigración, por los problemas de América Latina y los objetivos del milenio, y también han valorado a sus presidentes y a las multinacionales españolas en ese continente. La Fundación Carolina es un organismo con capital privado y estatal cuyo presidente ejecutivo es el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Son varias las sorpresas con que nos encontramos en sus resultados. La primera es la opinión sobre el presidente que está impulsando más el desarrollo de sus países y de Latinoamérica. Lo más destacable es que un 52 de los españoles no sabría decirlo, lo que evidencia el poco conocimiento que tienen los españoles de las políticas que los presidentes latinoamericanos están llevando en sus países. Pero los que sí creen conocerlas tienen como orden de preferencia en los cinco primeros puestos a Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez, Michele Bachelet, Néstor Kichner y Fidel Castro. Todos ellos tienen o reivindican políticas de izquierda, algunos de ellos incluso muy bien valorados a pesar de estar constantemente fustigados por los medios de comunicación españoles. Obsérvese también que hasta el calificado constantemente por “dictador” por la prensa española, el presidente Fidel Castro, está considerado como mayor impulsador del desarrollo de sus países que cualquier otro mandatario neoliberal del continente.
Entre las medidas que los españoles consideran que se deben aplicar para luchar contra la pobreza está masivamente apoyada la condonación de la deuda externa para los más pobres. Un 38 % de los encuestados responde con un contundente Sí más otro 28 % que responde Sí con condiciones.
También opinan los españoles que la segunda tarea en importancia para las ONG´s para el desarrollo es la presión “sobre las autoridades políticas de los países desarrollados para que tomen medidas para acabar con la pobreza”, lo que evidencia que entienden que es responsabilidad de los gobiernos trabajar por el bienestar de sus pueblos.
Y llegamos a otra pregunta muy sensible en España, la nacionalización de los recursos naturales por parte de gobiernos latinoamericanos. Aunque con poca diferencia, la respuesta más apoyada es la de que “la nacionalización es una decisión legítima que corresponde al Estado”, lo que supone pensar de modo diferente a cómo reaccionaron la mayoría de la clase política y mediática española que se alineó con las multinacionales cuando algunos gobiernos latinoamericanos legislaron a favor de la nacionalización de sus recursos.
Otra pregunta delicada es referente a si la actuación de las empresas españolas favorece o perjudica a la imagen de España en América Latina. Menos de la mitad, un 43 % cree que favorece, opinión que además va disminuyendo puesto que en 2005 es lo que pensaban el 53 %. En cambio, un 15 % de los españoles cree que perjudica, un porcentaje mayor que en el 2005 cuando lo pensaban el 13 %.
Como bien expresan en su informe quienes han elaborado la encuesta, una de las razones puede ser el convencimiento que tienen los consultados de que estas empresas no actúan con la misma responsabilidad en materia ambiental o social en América Latina que en España. Un 42 % cree que no frente a un 23 que piensa que sí.
Las conclusiones, por tanto, son claras, y, por cierto, muy divergentes de la línea que mantienen los medios de comunicación españoles y la clase política. Mientras éstos no dejan de satanizar a algunos gobiernos de izquierda como los de Bolivia, Venezuela o Cuba, sus presidentes están altamente valorados respecto a los de derechas. La nacionalización de recursos es apoyada por más españoles que criticada, a pesar de que tanto el gobierno español como los medios se alinearon con las multinacionales cuando algunos gobiernos como el boliviano o el venezolano, optaron por nacionalizar sus recursos. Y mientras las autoridades españolas no exigen a estas empresas españolas que adopten criterios medioambientales y sociales justos en los países que operan, los ciudadanos españoles creen que no los están aplicando y cada vez son más los que están convencidos que su comportamiento perjudica a la imagen de España.
